Los ‘pedristas’ usan ilegalmente el censo para recoger firmas y tumbar a la gestora

Los cercanos a Pedro Sánchez ultiman los preparativos cotejando todas las firmas para entregarlas en Ferraz esta semana y forzar a la gestora para que convoque de inmediato un Congreso Extraordinario con sus primarias, tal y como pidió el ex secretario general la noche que dimitió. Sin esperar a formar gobierno ni nada y personificando la propuesta en el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, aseguran que ya tendrían más de la mitad y estarían a tan solo 20.000 firmas.

La propuesta levantó suspicacias en las redes sociales que enseguida comentaron el ‘curioso’ y rápido sistema de recopilación de tantas firmas en tan poco tiempo y la seguridad con la que sus promotores afirmaban que todas eran válidas. «¡Qué facilidad tienen para conseguir el censo del partido!», comentaron en Twitter. Fuentes socialistas conocedoras del funcionamiento del partido aseguran que conseguir una cantidad de firmas tan elevada, en tan poco tiempo y con la seguridad de que serán admitidas como válidas sólo se puede hacer contando con una copia del censo, lo que sería completamente ilegal.

El propio alcalde de Jun al ser preguntado el viernes en un programa de televisión sobre de dónde sacaban los datos aseguró que «los tenemos en la memoria», despertando la sonrisa en el resto de tertulianos. A partir de ahí bautizaron en las redes sociales la operación de recogida firmas como ‘el censo modelo Luena’. Si tuvieran el censo oficial sería ilegal e, incluso, la gestora podría llevarles a los tribunales.

https://t.co/AEjHPAjr8t Utilizando las listas del censo modelo Luena alias el cocinero de los votos para Pedro Sanchez en Ferraz

— gaga (@Icunde_67) 11 de octubre de 2016

Por el momento, las firmas no son válidas hasta que la Comisión de Garantías del PSOE se encargue de cotejarlas. Según el artículo 58 de los Estatutos, “la Secretaría de Organización es la encargada de supervisar y actualizar el censo de afiliados/as del Partido” y también de la custodia del Censo General de Afiliados. Son dos órganos los que tienen acceso a estos datos: la secretaría de Organización y el Departamento Federal de Afiliación y Censo. El último censo custodiado por Ferraz asciende a 187.439 militantes. El propio alcalde de Jun lo confirma a través de Twitter y, según los estatutos del partido, solo lo puede tener el partido, no los militantes.

El censo es de 187.439 militantes. Pero jamás nos darán acceso al mismo. Eso no va a impedir conseguir las firmas. Esto no hay quien lo pare https://t.co/v1WmILWjTc

— Alcalde de Jun (@JoseantonioJun) 9 de octubre de 2016

Pongan en cuarentena las firmas de militantes @psoe. El censo está protegido por ley protección datos, lógico, lo tiene Ferraz, q certifica.

— Ainara Guezuraga (@ainaraguezuraga) 16 de octubre de 2016

La custodia de este censo debe cumplir con estrictas garantías de vigilancia, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Así, por ejemplo, en el reglamento para algunos procesos internos del partido, como las primarias para elegir candidato a la presidencia del Gobierno, se advertía de que “el censo oficial válido para el procedimiento de avales será custodiado y gestionado por el Departamento Federal de Afiliación y Censo, que velará por su uso responsable, así como por el pleno respeto a la legislación sobre protección de datos. Una copia de dicho censo será entregada a la Comisión Federal de Garantías Electorales para su custodia”.

«En ningún caso la consulta del censo podrá suponer la obtención de datos de carácter personal de los afiliados”, se añade. Ello implica, según las fuentes jurídicas consultadas, que la Ejecutiva de Pedro Sánchez tendría que haber entregado el listado de militantes a la actual gestora. De no ser así, supondría un incumplimiento de los Estatutos y una posible vulneración de la ley de Protección de Datos. Estas mismas fuentes recuerdan que cualquier copia que pudiese salir de Ferraz sería igualmente ilegal.

La alteración de esa ‘cadena de custodia’ daría posibilidad a la parte afectada de recurrir a la vía de lo contencioso-administrativo para que dirima las correspondientes responsabilidades.

De esta forma, la única posibilidad de que esta recogida de firmas tenga validez, es que las mismas sean efectivamente certificadas por la Comisión de Garantías del PSOE, que se encargaría de cotejarlas con el listado que obra en manos de la gestora.

Según las fuentes socialistas consultadas, los partícipes y promotores de la recogida de firmas han acudido a tres abogados distintos para cotejar las firmas y este lunes por la tarde acudieron a un notario para certificarlas. Sin embargo, las fuentes judiciales consultadas aseguran que «se amparen en que éstas sean avaladas por un notario carece igualmente de validez. En primer lugar, porque el notario sólo puede certificar que una copia coincide efectivamente con un original, pero en ningún caso, que la firma corresponde con un militante».

Los cercanos a Sánchez deberán demostrar de dónde han sacado el correspondiente censo para asegurarse de que los que firman son realmente militantes y que esas firmas son válidas. Fuentes de la gestora aseguran que están «totalmente tranquilos porque será la Comisión de Garantías la encargada de cotejarlas y decir si son válidas o no».

El caso del PSM

No es la primera vez que hay sospechas en el PSOE de manejo irregular del censo de militantes. En el año 2010, Tomás Gómez acusó a su contrincante en las primarias al Partido Socialista de Madrid, Trinidad Jiménez, de verse favorecida por parte del aparato del partido con la posibilidad de usar el centro de militantes del PSOE.

La guerra sucia entre la por entonces ministra de Sanidad y el secretario general del PSM disparó las sospechas de que la candidata del ‘aparato’ había sido favorecida con la base de datos de militantes. Así, por ejemplo, Tomás Gómez aseguró que personas desconocidas para los afiliados estaban realizando llamadas para pedir el voto por Jiménez.

También recopilaron información sobre las invitaciones que los afiliados recibían para acudir a los actos de Trinidad Jiménez durante las primarias se habían remitido a direcciones distintas a las que figuraban en las agrupaciones y que, sospechosamente, coincidían con los datos que obraban en poder de Ferraz.